Defender la dignidad y calidad de Personas con Discapacidad Intelectual y sus familias, reivindicando para ello los derechos que la constitución ofrece, instando a los poderes públicos al establecimiento de políticas coherentes, con dotación económica suficiente, encaminadas a asegurar la prevención, educación, rehabilitación y en definitiva la integración social y laboral de las Personas con Discapacidad Intelectual. Luchamos día a día por la plena inclusión, para lograr una sociedad más justa y solidaria.