Asegurar la protección y defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual que carezcan de facultades para regir su vida y /o patrimonio, pudiendo desempeñar la tutela, curatela o defensa judicial de los mismos o estableciendo sistemas de colaboración con los familiares o con la administración de Justicia para velar por los derechos, en el expresado ámbito, de las personas con Discapacidad Intelectual.”